Tema 16. La II República

 1. INTRODUCCIÓN

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII encargó la formación del nuevo gobierno al general Dámaso Berenguer quien tras dilatar más de un año la vuelta a la normalización parlamentaria, fue sustituido por Juan Bautista Aznar que convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931.  El resultado electoral favorable a los republicanos en las zonas urbanas y principales capitales españolas trajo consigo la salida de España del rey y la inmediata proclamación de la segunda República española el 14 de abril de 1931.

            El nuevo régimen fue recibido con un gran entusiasmo popular y con la esperanza de iniciar un cambio radical en la vida política española. Se abría la oportunidad de crear un marco de convivencia democrática, modernizar las estructuras del Estado e iniciar un amplio programa de reformas económicas y sociales.

            La República nació en circunstancias difíciles. En el ámbito internacional, el mundo debía hacer frente a la difícil coyuntura económica derivada de la crisis de 1929, y Europa empezaba a debatirse entre la democracia y el fascismo. Además, en el interior, la República se apoyó sobre un consenso muy frágil, constituido por un sector de las clases medias y por el obrerismo más moderado, y tuvo que hacer frente a una nutrida oposición que desde la derecha o la izquierda, se enfrentó al nuevo régimen.

            La falta de cultura democrática, la inestabilidad política, la conflictividad social y la intransigencia de sus adversarios condujeron a la República hacia tensiones sociales, que fueron aprovechadas por los enemigos de la democracia para intentar acabar con ella.

ETAPAS

Tras la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, se inició un periodo de cinco años en los que tras la elección de un Gobierno Provisional  presidido por Alcalá Zamora y que duró hasta junio del 31, se sucedieron tres etapas: el Bienio Reformista o republicano-socialista (desde junio de 1931 a noviembre de 1933).  Desde noviembre de 1933 a febrero de 1936 Bienio de centro-derecha o radial-cedista.  Desde febrero de 1936 a julio de 1936 El gobierno del Frente Popular.

2. GOBIERNO PROVISIONAL (abril de 1931-junio de 1931)

            En Madrid, los miembros del comité revolucionario republicano se dirigieron a la Puerta del Sol donde tomaron posesión del gobierno y proclamaron la República en medio del entusiasmo popular. Se formó un Gobierno provisional en el que participaron la derecha liberal republicana (Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora –Presidente-), republicanos de izquierda (Manuel Azaña y Marcelino Domingo), republicanos radicales (Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio), socialistas (Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos), nacionalistas catalanes (Nicolau d´Olwer) y sectores republicanos galleguistas (Santiago Casares Quiroga). Fuera quedaron la derecha monárquica, nacionalistas vascos y el obrerismo más radical como comunistas y anarquistas.

            Siguiendo lo acordado en el Pacto de San Sebastián, el Gobierno Provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes para el día 28 de junio. Paralelamente, decidió emprender con premura algunas de las reformas consideradas de extrema urgencia y que no podían esperar al debate constitucional. Una serie de decretos ministeriales pusieron en marcha un proyecto de reforma agraria, la reforma del ejército y el inicio de negociaciones con catalanes y vascos para pactar una solución autonómica.

            La nueva República tuvo que enfrentarse pronto a una serie de conflictos sociales (huelgas en Sevilla, Asturias, Barcelona…), a la creciente animadversión de empresarios y propietarios agrícolas y a la oposición de parte de la Iglesia católica. Desde el comienzo, los sectores más reaccionarios de la jerarquía eclesiástica, encabezados por el Arzobispo de Toledo y primado de España, cardenal Segura, manifestaron abiertamente su oposición al nuevo régimen. A su vez, resurgió el viejo anticlericalismo popular y entre los días 11 y 12 de mayo fueron incendiados algunos conventos y edificios religiosos en varias ciudades de España.

 

3. CONSTITUCIÓN DE 1931

Las elecciones de 28 de junio dieron la victoria a la coalición republicano-socialista. Una Comisión Constitucional nombrada por las Cortes elaboró el proyecto de Constitución, de carácter democrático y progresista, que fue aprobado en diciembre de 1931. Sus principales características son:

·         La Constitución definía a España como “una República democrática de trabajadores de toda clase”, resaltando así su voluntad popular.

·         El Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.

·         Estableció una radical separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial:

-          El poder legislativo residía en las Cortes, de una sola cámara, tenían una amplia capacidad legislativa, de control político del gobierno e incluso podía destituir al Presidente de la República.

-          El poder ejecutivo recaía en el Consejo de Ministros y en el Presidente de la República, Jefe del Estado, entre cuyas funciones destacaron las de nombrar y destituir al presidente del gobierno, promulgar las leyes y podía disolver las Cortes dos veces como máximo.

-          La justicia se basaba en la autonomía y la independencia de los jueces y tribunales. Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales para garantizar la constitucionalidad de las leyes, amparar los derechos individuales y resolver los conflictos entre el estado y las regiones autónomas.

·         Introduce una amplia declaración de derechos y libertades. Se reconoce tanto el matrimonio civil como el divorcio. El voto es para los adultos mayores de 23 años, y se reconoce el derecho a voto a las mujeres. Se expresaba la igualdad de todos los ciudadanos a una educación primaria obligatoria y gratuita y derecho al trabajo.

·         Se preveía la posibilidad de expropiación forzosa de cualquier propiedad por causa de utilidad social, mediante indemnización, y la nacionalización de servicios públicos.

·         En materia religiosa se declara la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de culto, se eliminó la financiación estatal de la Iglesia. Se les prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, el comercio y la industria. Se disolvió la Compañía de Jesús. 

Los temas que más contribuyeron a enconar los ánimos de los diputados, generando acalorados debates parlamentarios, fueron los relativos a la cuestión religiosa y a las regiones autónomas. La aprobación de los artículos referidos a la religión provocó una fuerte reacción eclesiástica y la dimisión de los sectores católicos, entre los que se encontraba el propio jefe del gobierno, Alcalá Zamora, quien tras su dimisión fue sustituido por Manuel Azaña, lo cual no fue óbice para que una vez aprobada la Constitución Alcalá Zamora fuera elegido Presidente de la República.

 

4. EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933)

4.1. LAS REFORMAS

Durante este período Manuel Azaña presidió un gobierno formado mayoritariamente por republicanos de izquierdas y socialistas que impulsó el plan de reformas ya iniciado por el gobierno provisional.

Reforma del ejército

Azaña pretendía constituir un ejército profesional y democrático. También quería asegurar su obediencia al poder civil, acabando con la tradicional intervención del ejército en la vida política y con el golpismo.  Para ello era necesario reducir la proporción de oficiales existente (era de uno por cada tres soldados). Se promulgó en este sentido la Ley de retiro de la oficialidad, que obligaba a jurar fidelidad a la República o, en caso contrario, a retirarse voluntariamente conservando el sueldo íntegro. Por otra parte se cerró la Academia militar de Zaragoza, cuyas enseñanzas se consideraban tradicionalistas y anticuadas, y se clausuraron los Consejos de Honor, el Consejo Supremo de Justicia Militar, la Capitanías Generales  y se eliminó la prensa militar.

También se pretendía modernizar materialmente el ejército, aunque la disminución de su presupuesto impidió llevar a cabo tal propósito.

La ley de reforma militar fue recibida por un sector del ejército como una agresión a la tradición militar, por lo que provocó importantes tensiones, especialmente entre los africanistas.

Reforma religiosa

La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política española y para ello procedió con la secularización del Estado, declarándose la no confesionalidad oficial, la libertad de cultos y suprimiendo el presupuesto de la Iglesia. Asimismo se legalizó el matrimonio civil y el divorcio y se secularizaron los cementerios.

Se decretó además la disolución de aquellas órdenes que tuvieran como cuarto voto la obediencia al Papa frente a cualquier otra autoridad, para, entre otras cosas, garantizar la obediencia de todos los españoles al Estado. De este modo la orden de los jesuitas, que tenía una gran influencia en la educación, quedó disuelta en España, quedando sus bienes nacionalizados. Además se prohibió la práctica de la enseñanza a las órdenes religiosas, quedando ésta controlada por el Estado.

Todas estas medidas provocaron una polarización radical de la opinión pública. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. La mayor parte de la población de aquella época era católica, por lo que no le fue difícil a la jerarquía religiosa movilizar a importantes sectores en contra del gobierno. El gobierno por su parte decidió entonces expulsar de España a aquellos religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización de España.

 

Reforma Agraria

La agricultura jugaba un papel importantísimo en la economía española de la época, tanto por contribución a la renta nacional como por mano de obra que empleaba. De los 8.5 millones de habitantes que tenía España, unos 4 millones trabajaban en la agricultura, siendo jornaleros unos dos millones de ellos. En el caso de Andalucía, más del 50% de la propiedad pertenecía a los grandes latifundistas.

La ley más ambiciosa con la que se pretendía encarar y dar soluciones a los graves problemas del campo fue la de Bases para la Reforma Agraria de 1932, cuyos objetivos fueron fundamentalmente expropiar los grandes latifundios y asentar a los campesinos sin tierras, crear una clase de pequeños propietarios que facilitasen la modernización de la agricultura  y castigar el absentismo de los grandes propietarios.

Las tierras de la nobleza podían ser expropiadas, en parte, sin pagarse indemnización; las tierras mal cultivadas, arrendadas sistemáticamente o no regadas, pudiendo serlo, podían ser expropiadas, pero pangándose una indemnización. La aplicación de la ley se encomendó al Instituto de la reforma Agraria (IRA).

Esta ley, que contribuyó a acentuar la tensión social, tuvo un alcance muy limitado, debido a la complejidad técnica de su aplicación, la falta de presupuesto, la lentitud burocrática y la resistencia de los propietarios.

La Ley de Reforma Agraria terminó alineando frente a la República tanto a los latifundistas, que contaban con gran fuerza económica y poder, como sectores importantes del campesinado, que frustrados ante la falta de resultados y defraudados con las posibilidades de cambio social ofrecidas por la República, se reorientaron hacia posiciones de carácter revolucionario, que comportaron actuaciones violentas y enfrentamientos con las fuerzas del orden (ocupación de tierras, incendio de cortijos, reyertas con la guardia Civil...)

 

Reforma del estado centralista: las autonomías

La Constitución de 1931 había abierto la posibilidad de constituir un estado de regiones autónomas que satisficiese las aspiraciones nacionalistas de determinadas regiones.

En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Ezquerra Republicana de Catalunya, proclamó la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. El gobierno provisional de la República Española reconoció un gobierno autónomo, la Generalitat. Se encargó a una comisión la elaboración de un Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Nuria, que fue aprobado en referéndum con un 99% de votos afirmativos. A pesar de la oposición de algunos sectores en el parlamento, finalmente fue aprobado, aunque eso sí, con algunas modificaciones. Cataluña pasaba a tener gobierno y parlamento propio, con  competencias en materia económica, social, educativa y cultural.

En el País Vasco el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y los carlistas aprobaron en 1931 el llamado Estatuto de Estella, al que se opuso el republicanismo de izquierda y los socialistas debido a su carácter confesional y poco democrático, incompatible con la legalidad democrática republicana. Se mantuvieron intensas negociaciones hasta que en octubre de 1936, iniciada ya la guerra, fue aprobado un estatuto vasco de carácter democrático, siendo elegido José Antonio Aguirre (PNV) Lehendakari.

En Galicia, con un movimiento nacionalista menos fuerte, el proceso estatutario fue más lento, no llegando a ser aprobado por las Cortes. 

Reformas Sociales

La República realizó una política social encaminada a mejorar la situación de los trabajadores adoptando un programa de reformas que hizo que la Legislación laboral alcanzase un fuerte desarrollo en los dos primeros años, principalmente la propuesta por Largo Caballero, líder de UGT, como ministro de Trabajo, que consiguió reformas como: Seguros sociales (pago a la Seguridad Social por los trabajadores), reducción de la jornada laboral a los campesinos, inclusión en los contratos de trabajo de vacaciones pagadas, legislación sobre accidentes de trabajo para los obreros agrícolas, seguro obligatorio contra el paro forzoso y la creación de los Jurados Mixtos, los cuales recordaban a los Comités Paritarios de la Dictadura.

La legislación laboral fue amplia: Además de los Decretos de laboreo forzoso y de términos municipales del Gobierno Provisional, la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, la Ley de Jurados Mixtos, atribuía a los jurados competencias en la determinación de las condiciones de trabajo, salarios, contratos, despidos.  La ley de Intervención Obrera, ni siquiera se discutió en las Cortes, no se pudo aprobar por las protestas de las organizaciones económicas y la derecha.  Otras leyes laborales aprobadas son las de accidentes y la de regulación del derecho a la huelga. Las organizaciones patronales se opusieron a todas estas medidas.

Reforma educativa y política cultural

La política educativa y cultural de la II república estuvo marcada por la influencia de la Institución Libre de Enseñanza creada por el socialista y catedrático universitario Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública desde diciembre de 1931.  Su objetivo fue imitar el modelo francés y crear un sistema educativo público, laico y gratuito al menos en la enseñanza primaria. Teniendo en cuenta los condicionamientos económicos de la época, la política educativa republicana realizó un extraordinario esfuerzo. 

La educación se consideró un derecho que el Estado debía garantizar, por ello se hizo un gran esfuerzo por potenciar la enseñanza pública, ya que el 33% de la población era analfabeta, para lo cual:

-   Se construyeron más de 10.000 escuelas e Institutos de Enseñanzas Medias, cuyos terrenos fueron cedidos generalmente por los Ayuntamientos.

-   Se incrementaron las plazas de maestros en un número cercano a las 7.000.

-   Se subieron los sueldos de los maestros.

-   Se estableció la educación igualitaria para niños y niñas compartiendo la misma escuela y la misma aula.

-   Creación del primer Instituto de Investigaciones Científicas

En la política cultural de la II Republica desempeñaron un papel esencial las Misiones Pedagógicas para llevar la Instrucción pública al mundo rural y extender la cultura a las zonas más abandonadas para acabar con el retraso social de España. Estas Misiones permitieron llevar a los lugares más apartados, libros, reproducciones de cuadros, equipos cinematográficos, gramófonos etc. Destaca el teatro ambulante de “La Barraca” de García Lorca. 

Desde el principio la Iglesia estuvo en contra de la política educativa, al suprimir la obligatoriedad de la enseñanza de la religión en los centros docentes.

Oposición y conflictividad social

Los principales problemas con los que se enfrentó el gobierno fueron: la falta de dinero, la ruptura en la alianza entre republicanos y socialistas,  y en tercer lugar la oposición presentada tanto por la derecha como la izquierda.

Reorganización de la derecha

Las tendencias monárquicas fueron derivando hacia posiciones anti-democráticas. Destacan partidos como: Acción Española, una fuerza monárquica, católica y tradicional, con líderes como José María Pemán o Ramiro de Maeztu; Renovación Española, liderado por José Calvo Sotelo, partido alfonsino fundado en 1933 que defendía la necesidad de un golpe de estado; los carlistas por su parte se unieron en la Comunión Tradicionalista, que se asociaría con Renovación Española con el objeto de agrupar las fuerzas monárquicas.

La derecha católica hostil a la República optó por una vía pacífica, de conquistar electoralmente la república para cambiarla desde dentro. En 1932 se creó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), dirigida por José María Gil Robles. Partido que aglutinó a diversas derechas regionales. Con apoyo del vaticano movilizó a las masas católicas del país en defensa de la religión, la familia, el orden y la propiedad.

En 1931 surgieron pequeños grupos de corte fascista, como las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), que más tarde se uniría a Falange Española, partido fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. Falange destacaba por su ideología antidemocrática, nacionalismo español y un  programa inspirado en el fascismo italiano. Impulsó la formación de grupos paramilitares para enfrentarse con las fuerzas de izquierda.

En agosto de 1932 se hubo una intentona de Golpe de Estado en Sevilla protagonizada por el general Sanjurjo (la Sanjurjada) que terminó en fracaso. Sanjurjo fue condenado a muerte, aunque el gobierno le conmutó la pena por la de cadena perpetua.

Obrerismo y conflictividad social

Se debió a la insatisfacción ante lo que para ellos eran unas reformas insuficientes y de muy lenta aplicación.

El cenetismo, con más de un millón de afiliados hacia 1936, se dividió a partir de 1931:

·         Por un lado estaban los moderados, encabezados por personas como Ángel Pestaña o Juan Peiró, que prestaban un cierto apoyo a la República. Este sector defendía la revolución social, aunque consideraban necesario pasar por una fase preparatoria previa.

·         Por otro lado estaban los más radicales, organizados a través de la FAI y liderados por personas como Buenaventura Durruti, García Oliver y Ascaso. Durante el período republicano fomentaron las huelgas, la insurrección campesina y la acción directa (terrorismo).

La Federación de Trabajadores de la Tierra, sindicato del campo asociado a la UGT, con más de 450.000 afiliados, también se radicalizó.

Fueron constantes las revueltas, normalmente consistentes en la toma del ayuntamiento del pueblo, la quema del registro de la propiedad, las colectivizaciones y la declaración del comunismo libertario. Solían terminar con la llegada de las fuerzas del orden y la represión de la insurrección, que podía generar muertos (sucesos de Casas Viejas, Cádiz, donde fueron asesinadas doce personas; y Castilblanco, Badajoz)).

La coalición gubernamental republicano-socialista sufrió un fuerte desgaste, al tiempo que perdía la confianza de la sociedad ante las medidas empleadas para controlar el orden público. Azaña dimitió, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de1933.

 

5. EL BIENIO DE CENTRO-DERECHA (1933-1936)

Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de centro-derecha. El nuevo ejecutivo procedió con el desmantelamiento de la obra reformista del anterior gobierno. Las principales fuerzas políticas fueron el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de Gil Robles.

Paralización de las reformas

El nuevo gobierno dirigido por Lerroux procedió con la paralización de las reformas. En el campo se fijó la devolución de tierras a la nobleza y se dio total libertad de contratación, lo que provocó la caída de los jornales. El campesinado, respondió con la huelga.

La cuestión agrícola también enfrentó al gobierno central con la Generalitat de Cataluña a propósito de la promulgación en 1934 de la Ley de Contratos de cultivo, declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales. También se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar en las Cortes la discusión del proyecto de estatuto impulsado por el PNV.

La reforma religiosa también fue frenada. Se estableció un presupuesto para el culto y el clero y se intentó firmar un Concordato con la Santa Sede.

Se concedió la amnistía a los sublevados en el golpe de Sanjurjo y a los colaboradores de la dictadura de Primo. La reforma militar sin embargo siguió adelante, al igual que la reforma de la educación, aunque eso sí, conociendo un recorte en el presupuesto disponible.

Ante este giro hacia el conservadurismo, la CNT y la UGT respondieron radicalizando sus posturas. Francisco Largo Caballero, líder del sector socialista más radical, propuso la ruptura con la República y con las fuerzas burguesas e iniciar la revolución. Por su parte, Indalecio Prieto, representante del socialismo moderado, defendía la colaboración con los republicanos de izquierda para tratar de estabilizar la República y acometer las necesarias reformas.

Aunque estas medidas se acompañaron de una política de obras públicas y promoción de viviendas de alquiler, la oposición de la izquierda, el endurecimiento de las posiciones de los patronos frente a los trabajadores, al aumento del número de huelgas entre los campesinos, el aumento de la agitación social y la desconfianza de catalanes y vascos, hicieron casi imposible la gobernabilidad del país.

La revolución de octubre de 1934

Ante el aumento de los conflictos Lerroux accedió a las peticiones de la CEDA, entregando a este partido tres ministerios. La izquierda lo interpretó como un camino hacia el fascismo y al día siguiente de la formación del nuevo gobierno se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades del país impulsadas por la UGT. El gobierno respondió declarando el Estado de Guerra.

En Asturias los mineros protagonizaron una revolución social, colaborando anarquistas, socialistas y comunistas. Éstos ocuparon gran número de cuarteles de la guardia civil y ayuntamientos, que pasaron a ser dirigidos por Comités revolucionarios. La revolución terminó siendo aplastada por las tropas de la Legión y los Regulares traídos desde Marruecos y dirigidas por los generales Godet y Franco. Se calcula que pudieron morir unos 1.000 mineros (fueron numerosas las ejecuciones sumarias) y unos 450 militares y guardias civiles. Los heridos suben de los 2.000 y los detenidos fueron más de 5.000. La revolución de Asturias de 1934 fue un preludio de la guerra que se iniciará dos años más tarde.

En Cataluña el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el 6 de octubre de 1934 la República Catalana dentro de la República Federal Española. Al mismo tiempo una alianza obrera, que no contaba con el apoyo de la CNT, la fuerza obrera más importante en Cataluña, inició la huelga general. El movimiento, que contaba con escaso apoyo social, tardó poco tiempo en fracasar. Se encargó de su represión el general Batet. Hubo más de 3.500 detenidos, entre ellos los miembros del gobierno de la Generalitat y el pleno del Ayuntamiento.

La crisis del segundo bienio

Con la revolución de octubre de 1934 el poder de la CEDA, partidaria de una política más dura, aumentó. Algunas de las medidas adoptadas fueron:

·         Suspensión del Estatuto de Cataluña.

·         Devolución de las propiedades a los jesuitas.

·         Nombramiento de Gil Robles como ministro de la Guerra.

·         Nombramiento de Franco como jefe del Estado Mayor.

La situación política se polarizó, y ante la actuación represiva del gobierno se posicionaron en un frente común las fuerzas de izquierda.

La CEDA presentó en julio de 1935 un anteproyecto para la reforma de la Constitución, con el que se pretendía restringir la formación de regiones autónomas, abolir el divorcio e impedir la socialización de la propiedad. El proyecto no llegó a votarse debido a la caída del gobierno. En octubre de 1935 el gobierno de entró en crisis. Los republicanos radicales de Lerroux sufrieron un fuerte desprestigio como consecuencia de varios escándalos políticos y de corrupción (malversación de fondos y el caso del Estraperlo) que provocaron el hundimiento de la coalición gubernamental radical-cedista. Gil Robles trató de ser nombrado presidente del gobierno para poder llevar a cabo su programa político. Sin embargo el presidente de la república Alcalá Zamora decidió negarse y convocar elecciones para febrero de 1936.

Las elecciones de 1936

En las elecciones de febrero de 1936 se enfrentaron dos bloques:

·         Por una parte una coalición de izquierdas (republicanos, socialistas y comunistas) agrupada en torno al Frente Popular, que pretende amnistiar a los represaliados políticos y poner en funcionamiento la legislación reformista suspendida durante el bienio anterior.

·         Los partidos de derecha formaron diferentes coaliciones, constituídas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional), aunque no pudieron llegar a crear una candidatura única para toda España ni redactar un programa político consensuado.

 

6. EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR (1936)

Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular. Las nuevas Cortes salidas de las elecciones destituyeron a Alcalá Zamora como presidente de la República y nombraron en su lugar a Manuel Azaña (republicano de izquierda). Casares Quiroga (republicano galleguista) fue elegido presidente de un gobierno formado casi por exclusiva por republicanos, aunque con el apoyo parlamentario de los socialistas.

Se procedió con la concesión de la amnistía a unos 30.000 presos políticos y se forzó a los patrones a readmitir a los obreros despedidos como consecuencia de las huelgas de 1934. Asimismo se permitió el restablecimiento del gobierno de la Generalitat y se iniciaron las negociaciones para la aprobación de un Estatuto para el País Vasco y otro para Cataluña.

Las reformas iniciadas en 1931 fueron reemprendidas. Para evitar un posible golpe de Estado el gobierno decidió enviar a los generales que menos confianza ofrecían al régimen a lugares periféricos: Franco a Canarias; Mola a Navarra.

Se creó un clima de tensión social. Los propietarios agrícolas se opusieron a las reformas, muchos industriales decidieron cerrar sus fábricas y la Iglesia católica, temerosa de nuevos brotes anticlericales y de un nuevo recorte de sus derechos en España, se opuso a la República de manera generalizada.

Una parte de la izquierda (los anarquistas y los socialistas encabezados por Largo Caballero) eufórica por su triunfo electoral, empezó a propugnar la necesidad de iniciar la revolución. En la derecha, la Falange organizó grupos paramilitares que protagonizaron fuertes acciones violentas. Se creó así un clima de violencia generalizada con enfrentamientos constantes entre la izquierda y la derecha. Ante el aumento de la violencia una parte importante de la derecha adoptó una posición favorable a un golpe de Estado.

La preparación del golpe de Estado

El golpe de Estado venía gestándose desde hacía tiempo. El mando de la conspiración estuvo en el  general Mola, llamado “el Director”, que comenzó a preparar minuciosamente el golpe. Para organizar la sublevación militar no tuvo demasiadas dificultades, ya que contaba con el apoyo de una parte importante del generalato; sin embargo sí encontró algunas dificultades a la hora de organizar el apoyo civil, ya que cada sector de la derecha aspiraba a un modelo de gobierno distinto después de ejecutado el golpe. El general Mola, director de la conspiración, pretendía crear una Dictadura Republicana de carácter militar, con el objeto de eliminar los gérmenes de la revolución para después regresar a la legalidad, aunque no tenía claro si se volvería a la República o la Monarquía. Las posturas de los distintos apoyos al golpe eran muy diversas: la CEDA defendía la restauración de la monarquía Alfonsina; fascistas y falangistas aspiraban a la construcción de un régimen semejante al de la Italia de Mussolini. Los carlistas también defendían una Monarquía Tradicional.

La jefatura suprema del golpe se reservó al general Sanjurjo, militar muy respetado dentro del estamento militar que se encontraba exiliado en Portugal como consecuencia de su frustrado golpe de 1932 en Sevilla. El plan consistía en conseguir que el máximo número cuarteles se pronunciaran simultáneamente por toda España, considerándose claves para el triunfo los de Madrid y Barcelona, así como el ejército africano, el mejor preparado de todos en la guerra, cuyo mando se reservaba al general Franco.

Las distintas fuerzas derechistas fueron creando una red de enlaces y apoyos militares y civiles que se extendía fuera de España, a Italia y Alemania.

El golpe se precipitó debido al encadenamiento de una serie de acontecimientos. El 12 de julio de 1936 el teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, de tendencias izquierdistas, fue asesinado. El 14 del mismo mes, y como represalia, algunos de sus compañeros secuestraron y asesinaron al líder del Bloque nacional, José Calvo Sotelo. El día 17 de julio las tropas de Marruecos se sublevaron. Al día siguiente hicieron lo mismo numerosos cuarteles españoles, sin embargo el alzamiento no logró imponerse en las dos ciudades más importantes, es decir, en Madrid y Barcelona, quedando España dividida en dos zonas de prácticamente el mismo tamaño. Esto desembocó en una guerra civil que duraría tres largos años.

Aquí os dejo el enlace del tema

La II República